Para Gutiérrez, el Ejecutivo de CC y PP "aparece con esta ocurrencia de cambiar la ley del SCE en plena crisis económica, cuando debería centrar todos sus esfuerzos en agilizar la labor que tendría que llevar a cabo este órgano ante el cada vez mayor número de desempleados que hay en el archipiélago". La diputada del PSC-PSOE sostiene en un comunicado que uno de los objetivos de la modificación pretendida por el Gobierno es un "debilitamiento del sistema público y participativo del SCE a favor de entidades privadas".
Al respecto, indica que de llevarse a cabo esta reforma, "se permitiría participar a las entidades privadas en la gestión y la ejecución de actividades comprendidas o relacionadas con las competencias cuya gestión directa corresponde ahora a la Administración pública". No obstante, hace hincapié en que "no se puede confundir la mala gestión actual de este Gobierno, del consejero de Empleo y del director del SCE con el fracaso de la gestión pública, pues lo que realmente está acreditado es la incompetencia de los responsables políticos, no de la gestión pública".
En relación con la intermediación, la regulación que se propone vulnera el artículo 22 de la Ley 56/2003 (estatal), mientras que la utilización del término 'convenio' "se hace de forma excesivamente genérica y arbitraria, dejando sin concretar aspectos como el alcance de las posibles delegaciones a ejercer a través de este instrumento y no estableciendo un sistema de selección concreto, público y transparente, como tampoco el límite temporal".
Gloria Gutiérrez denuncia, además, el "menoscabo de las competencias de planificación del Consejo General de Empleo a favor del director" y la supresión de la obligación de que el director general de Empleo ostente el rango de director general, "dejando abierta la posibilidad de ser nombrado viceconsejero, cuestión inexplicable en tiempos de crisis, pues sería un gasto que no aportaría ningún añadido a la creación de empleo y supondría más gastos de fondos públicos".
La portavoz parlamentaria también recuerda que este proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo Económico y Social, "pues carece de informe previo de este consejo asesor, no entendiéndose cuando la función principal de este órgano es asesorar al Gobierno en materia económica y de empleo". En este sentido, señala que la ley de creación del SCE fue objeto de dictamen por parte del Consejo. "Este Gobierno que le tiene fobia a la participación ha obviado llevarlo al Consejo General de Empleo, integrado por administraciones públicas, organizaciones empresariales y sindicales", expone.
"Es un informe fundamental cuando hablamos de una materia, el empleo, que es ahora mismo la principal preocupación de los canarios", señala Gutiérrez. Por último, indica que las modificaciones que pretenden lograr CC y PP contemplan "la posibilidad de crear agencias de colocación con ánimos de lucro" y, sin embargo, no establecen "la coordinación con las administraciones insulares ni con los agentes locales de empleo".
