EUROPA PRESS/Tenerife
Estos datos fueron expuestos por la consejera en el transcurso de una comparecencia parlamentaria instada por el Grupo Popular sobre la detección de situación de desprotección de menores, en la que Inés Rojas precisó que en 2009 se iniciaron 929 expedientes de riesgo de los que se firmaron resolución de desamparo en 204 casos.
En Canarias, apuntó la consejera, hay 2.416 niños con una medida de amparo que puede ser de tutela, de guarda o de acogimiento familiar de una población infantil que asciende a 378.577 niños y niñas, lo que significa que un 0,6 por ciento de la infancia del archipiélago. De estos 2.416 menores, 1.057 viven en hogares y centros tutelados por el Gobierno de Canarias y 1.359 en acogimiento familiar".
Asimismo, Inés Rojas hizo hincapié en que Canarias "tiene los mecanismos necesarios para detectar no sólo a la infancia que pueda estar desprotegida, sino incluso tiene la capacidad de detectar a la infancia en riesgo de desprotección". Para ello, la Administración autonómica cuenta con dos "excelentes" herramientas: la Ley del Menor y el Plan Integral del Menor, dos mecanismos --uno normativo y otro de planeamiento-- que fueron pioneros y contaron con la participación de todos los agentes sociales e instituciones que tienen que ver con la atención a la infancia en Canarias.
A todo ello, agregó Rojas, hay que sumarle el apoyo financiero del Gobierno de Canarias, que se sustenta en 70 millones de euros anuales que han supuesto, con respecto al inicio de esta legislatura, un incremento del 40 por ciento respecto a años anteriores.
DETECCIÓN PRECOZ
Entretanto, la diputada socialista Olivia Cedrés señaló que en la detección precoz de menores en riesgo de desamparo "radica el acierto de las intervenciones de muchos profesionales que dedican un ingente trabajo para lograr el objetivo, que no es otro que no declarar ningún desamparo más y que ningún menor se vea institucionalizado".
Para la parlamentaria, "difícil es conocer qué acciones ha de acometer la Consejería respecto a esta materia si no se evalúa, analiza y actualiza en nueve años el Plan Integral del Menor, ya que la única actualización que se conoce es la de 2001".
De la misma manera, incidió en que para garantizar la protección de los menores "habría que garantizar y mucho la seguridad de los trabajadores que desempeñan su labor en los equipos de riesgo", y se quejó de que los ayuntamientos no están recibiendo las financiación necesaria para mantener esos servicios. De hecho, apuntó que 37 municipios solicitaron un equipo de riesgo en 2007 y a 33 de ellos se les bajó la subvención.
Finalmente, por parte del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el diputado Francisco Acosta destacó que la prevención es "la mejor herramienta" para poder disminuir el numero de menores en situación de riesgo, y celebró que en Canarias se haya avanzado de una manera "notable" en este sentido, para lo que consideró que ha sido "fundamental" la aplicación de La Ley y el Plan del Menor, y la implicación de todas las administraciones junto al entorno familiar y los centros educativos.
