EUROPA PRESS/Gran Canaria
En concreto, pidieron que se limiten al "cumplimiento de las disposiciones dictadas por los órganos de la Comunidad Autónoma y la vigilancia y protección de las personas, órganos, edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma".
"No tiene ningún sentido que la nueva Policía Canaria renuncie a sus propias funciones y realice las que son propias de los
Cuerpos Estatales", denunciaron.
AUGC y SUP pusieron énfasis en que "algún portavoz del Gobierno de Canarias ha insinuado la conveniencia de que la Policía Canaria preste protección en los Institutos de Enseñanza Secundaria para evitar el trapicheo de drogas", algo que son "funciones que corresponden en exclusiva a los cuerpos estatales, porque así lo contempla la Ley Orgánica 2/1986".
En este sentido, recordaron que "desde el año 2006 existe un Plan estratégico de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en centros educativos y su entorno (Instrucción 25 de la Secretaría de Estado de Seguridad). Plan que está en plena ejecución y que cuenta con la colaboración y participación de toda la comunidad educativa y cuyos resultados han sido satisfactorios".
"Compartimos la opinión de la Delegada del Gobierno en
Canarias, Carolina Darias, a este respecto y demandamos
que el protocolo de coordinación que se elabore [este lunes se reúnen el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para constituir la Junta de Seguridad de Canarias] clarifique las competencias que corresponde a los distintos Cuerpos y que éstas se ajusten a lo establecido en la Ley Orgánica 2/86", explicaron.
Además, remarcaron que el nuevo cuerpo policial es "una necesidad que nadie demanda y un despilfarro de recursos de los que se carece".
