La formación política asegura además que el gobierno de Canarias "utiliza un avance técnico para perpetrar un apagón de la pluralidad, paralelo al apagón analógico".
Afirma que "la mordaza del gobierno de Rivero es más efectiva que la de muchas dictaduras, cuyos ciudadanos saben que se censura y no se concede libertad de expresión". Advierte que Rivero hace lo mismo, pero "aparentado imparcialidad para asignar canales de televisión, como si actuara como un demócrata, y, al falsificar un procedimiento democrático, oculta hábilmente su profundo autoritarismo".
IUC recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias falló, ante el recurso del diario La Opinión de Tenerife, que el proceso de selección de canales de televisión se caracterizó por la "arbitrariedad, subjetividad y desviación de poder". Posteriormente, otra sentencia del TSJC anuló el concurso regional de la TDT por "no ajustado a derecho".
Sin embargo, opinan que el gobierno de Rivero aplica "su decreto-cacicada" gracias a que está pendiente del recurso ante el Tribunal Supremo. Esto quiere decir, añade IUC, que, si dentro de unos años el Tribunal Supremo falla igual que el TSJC, el gobierno de Canarias tendrá que pagar indemnizaciones millonarias a las empresas de comunicación perjudicadas "por la antidemocrática actuación del gobierno regional. Es decir, más dinero público a indemnizaciones derivadas de la ineptitud y del desprecio a las reglas democráticas que caracterizan al ejecutivo autonómico".
IUC concluye afirmando que Paulino Rivero y Coalición Canaria "son un peligro para quienes quieren convertir el actual régimen autoritario moderado en un sistema democrático. Y son un peligro para la necesaria transición a la democracia en Canarias porque combaten la pluralidad, como se ve en el caso de la TDT y en el de la persecución contra el Centro de la Cultura Popular Canaria, porque son incapaces de sacar de las listas electorales a sus cargos públicos imputados por graves atropellos, porque mantienen el sistema electoral más tramposo de Europa (en las últimas elecciones un partido con más de 50.000 votos no obtuvo escaño y otro con menos de 3.000 obtuvo dos) y porque están sometidos a poderes económicos que les llevan a decisiones contra el interés general".
