Según el artículo 29 que recoge su Carta, "ejercitamos el derecho de petición, solicitando que se inicien los trámites legales o reglamentarios para la creación en esa Fiscalía de una, especializada en materia de delitos relativos contra los derechos de los trabajadores, interviniendo no sólo en lo que respecta a los mencionados delitos sino, también, con los delitos que sean conexos a los mismos, como los cometidos contra los derechos de los extranjeros y en aquellos que sean causa de siniestralidad laboral o de aquellos que atenten contra la vida, la salud, la dignidad y la integridad física o moral de los trabajadores. Además, en todas aquellas materias competencia de la jurisdicción social o contencioso-administrativa sobre protección de derechos fundamentales de trabajadores o funcionarios", aseguran en el escrito presentado el jueves.
Para ello se han basado en dos puntos, de un lado, la singularidad de la situación de los trabajadores en la Comunidad Autónoma de Canarias "en esta grave crisis económica que sufrimos, con un desempleo con más del 27% ( 8 puntos por encima de la media nacional), alta tasa de precariedad laboral, salarios por debajo de la media nacional, incremento de la morosidad ( hipotecas y alquileres de viviendas), determina la necesidad de la creación y dotación de la Sección especializada que solicitamos. Pues, la depauperación o empobrecimiento de los mismos que de aquella situación descrita resulta, los hacen fácilmente caer y la práctica asi lo confirma, con tal de conseguir o mantener un sustento económico para sobrevivir, en víctimas de abusos de todo tipo contra sus derechos en el ámbito laboral por parte de quienes dependen y con más poder en el ámbito de la empresa o de la administración. Produciéndose ello de forma reiterada y con mucha frecuencia en esta Comunidad Autónoma".
De otro lado, aseguran que debido a lo ya expuesto y a fin de que los delitos aludidos no queden impunes, "la creación de la sección especializada en esa Fiscalía que solicitamos, supondría un instrumento, desde el ámbito de la administración de justicia, necesario para "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
