EUROPA PRESS/Gran Canaria
En un comunicado, el presidente de este Colegio Oficial, Domingo Viera, recordó a Rivero que la mencionada ley establece la obligatoriedad de "consignar su financiación en los presupuestos estatales y autonómicos", así como "crea un derecho subjetivo exigible e los tribunales", al contrario que los planes sectoriales de cabildos y ayuntamientos, que dependen del dinero del que se disponga en cada momento y no establece ese "derecho subjetivo" de las personas beneficiarias de la ley.
De esta manera, creyó por tanto "un error" la interpretación de Paulino Rivero sobre la situación de la dependencia en Canarias, en la que "confunde" la prestación eventual de cabildos y ayuntamientos con la consolidación de un derecho que establece la Ley de Dependencia.
"Es un error confundir los actuales Planes Sectoriales, que el Estado, el Gobierno de Canarias, junto a cabildos y ayuntamientos, han venido financiando desde hace muchos años a través del Plan Concertado y otros recursos propios, con la Carta de Servicios que oferta la llamada Ley de Dependencia. "Se trata de una información errónea o sesgada", añadió.
Por su parte, Viera insistió en que "el camino para integrar la nueva Ley y los Planes Sectoriales no es, como dice el presidente del Gobierno, homologar y aproximar la atención a la dependencia en Canarias al sistema nacional de dependencia de tal forma que no estemos mal reflejados en los datos.
Finalmente, el presidente de los asistentes sociales y trabajadores sociales de Las Palmas entiende que esa ordenación permitiría "unificar y priorizar la financiación, coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas, homologar la Cartera de Servicios, potenciar la actuación y competencias de ayuntamientos y cabildos descentralizando la gestión y reconocer e incrementar la contratación de trabajadores sociales como los profesionales de referencia del sistema".
