Los niños autistas sin retraso tienen dificultades para retener las palabras, pero con un apoyo visual son capaces de defenderse e integrarse en su entorno. Éste es al menos el caso de Alejandro, un menor de nueve años con autismo de alto rendimiento (aprendió a leer solo) que lleva sin escolarizar ya cinco meses, sin que los organismos que deben velar por él (la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y la Fiscalía de Protección de Menores) hayan sido capaces de dar una respuesta a la situación en que se encuentra.
Entre los tres y los primeros meses de sus nueve años, Alejandro estuvo escolarizado en un centro ordinario; desde el 2007 en el Colegio Estrella Barreiros. El problema surge a partir de octubre de 2009 con la nueva profesora terapeuta (PT) que se le asigna, sin experiencia en el tratamiento de niños de estas características y que se niega desde comienzos del curso a seguir la Agenda Viajera, libreta de seguimiento del desarrollo escolar del menor que permite a su terapueta particular y sus padres actuar en coordinación con el centro escolar.
La preocupación de los padres de Alejandro les lleva a intentar que la nueva responsable de la educación de su hijo entienda que "a estos niños les afectan mucho los cambios, y necesitan tener una jornada muy estructurada para no sentirse perdidos, si no es así, se sienten como si nos dejaran en el aeropuerto de Barajas la primera vez sin señalización alguna: no sabríamos a dónde ir". La comunicación con la profesora de Alejandro no fluye y el director del centro va tomando partido por ésta a medida que el conflicto se complica.
La relación entre el niño y su PT se va igualmente deteriorando, porque Alejandro comienza a responder a la ausencia de pautas con "actos de rebeldía": en diversas ocasiones se enfrenta con golpes y patadas a ella, que comienza a acusar al menor ante sus superiores de "agresividad". El niño, por ver primera en sus años de escolarización, se resiste a ir al colegio y llora cada mañana. Así las cosas, su madre envía una carta a la tutora el 13 de octubre en varias de las hojas de la Agenda Viajera sobre las necesidades de su hijo; la profesora no sólo no responde a la carta sino que la arranca de la libreta. Se rompe la comunicación.
En un intento por reconducir la situación, los padres de Alejandro acuden sin cita el 23 de ese mismo mes de octubre a hablar con la profesora y el director en compañía de la terapeuta particular del niño, que lo atiende desde los tres años. No los recibe ninguno de los dos, sino el orientador del centro: mantienen una diálogo correcto, pero el caso da un giro horas después cuando al ir a recoger a su hijo al centro descubren que mientras sus compañeros almuerzan en el comedor, él ha permanecido en el aula; sólo cuando ellos llegan se le lleva apresuradamente al comedor donde, delante de los padres, se le sirve un plato de macarrones frío. Impactados y preocupados por lo que acaba de suceder, el padre exige una explicación a la profesora terapeútica, que responde a la pregunta de por qué Alejandro come aislado del resto de compañeros con un "no lo sé". Sacan al niño del colegio y deciden, tras varios días de reflexión, presentar una denuncia.
El sistema no responde
Los mecanismos de protección del menor fallan desde el primer momento. Recurren a la Inspección educativa. Cuando se reúnen con el inspector lo hacen en compañía de dos miembros de la Asociación ACTRADE, a la que pertenecen, que confirman que la actitud del responsable de educación es tan hostil que termina echando a los representantes de esta asociación de la reunión. "En ella nos dice, para nuestro asombro, que nuestro hijo se ha quedado sin comer en más de una ocasión. Y además nos informa abiertamente que tiene amistad con el director del Colegio Estrella Barreiros y su mujer, que ya éste le ha informado y que están dispuestos a reconducir la situación", recuerdan los progenitores de Alejandro. Consideran que el daño a su hijo ya está hecho y solicitan un cambio de profesora; ante la negativa, deciden seguir con el proceso.
Ese mismo día, 29 de octubre, acuden a la Fiscalía de Protección de Menores. Al día siguiente, reciben una llamada del director preguntándoles si han denunciado el caso ante la Fiscalía, extremo que los padres le confirman; y esa misma tarde la profesora denuncia al padre de Alejandro por presuntas amenazas el día del conflicto en torno al comedor.
Casi cinco meses después, la Fiscalía no se ha pronunciado; Servicios Sociales les dice que no puede hacer nada; y en Educación no sólo no le buscan nuevo colegio a su hijo sino que cuando ellos encuentran uno con plaza, su director les responde que "la Dirección Territorial no ha dado el visto bueno". La única reacción del sistema ante un caso como éste de desprotección de un menor ha sido juzgar al padre (la vista se celebró el pasado 30 de marzo y esta pendiente de sentencia) mientras Alejandro sigue en casa esperando a que se haga efectivo su derecho a la escolarización.
