Canarias Social

Numerosos responsables políticos de dentro y de fuera de la universidad aducen que quienes mantienen una posición contraria a la convergencia basan sus planteamientos en informaciones falsas o motivadamente manipuladas. Nosotros, estudiantes universitarios comprometidos con el futuro de la educación en Canarias y en el resto del Estado, hemos acudido a la legislación española y europea sobre la materia, y tras un largo estudio de las mismas, hemos descubierto que la conocida cita "piensa el ladrón que todos son de su condición" en este caso, se cumple a rajatabla; y es por ello por lo que queremos aprovechar esta tribuna para desmontar su propaganda con la publicación de los hechos tal y como son. 

Es acertada la frase de Rafael Álvarez Gil, Secretario de Ideas y Comunicación del PSC-PSOE, cuando reza que "el proceso de Bolonia es hija de su tiempo", aunque nosotros la entendemos desde una perspectiva distinta que el dirigente socialista. El proceso de Bolonia hay que situarlo en el contexto político, económico y social que atraviesa Europa, una Europa que dilapida los derechos de la clase trabajadora (como el contenido del Libro Verde para la Modernización del Derecho Laboral), que promueve la privatización de los servicios públicos en los Estados miembros (Directiva Bolkestein y Tratado de Lisboa), que ampara un trato ignominioso a los inmigrantes (Directiva "de la vergüenza"); en resumidas cuentas, el EEES hay que localizarlo en el seno de un compendio de políticas de corte neoliberal y conservador que retrotraen, en concreto, a la educación al siglo XIX. 

Consideramos preocupante que desde el Gobierno Zapatero, sin el menor pudor, se afirme que las universidades públicas van a seguir estando en manos del Estado y que van a mantenerse al servicio de la sociedad, cuando en los textos legales que desarrollan el EEES apuntan lo contrario: el informe de la Comisión Europea COM (2002) 779, en su punto 1 (página 3) declara que debe ponerse "a punto asociaciones e incentivos con vistas a conseguir un incremento constante de las inversiones de empresas y particulares, a que concentren la financiación en aquellos ámbitos capaces de dar mejores resultados y a que emprendan reformas por lo que respecta a los programas de estudios, la calidad y el reconocimiento de las cualificaciones, a fin de mejorar al máximo su eficacia en el contexto europeo". No cabe duda de que en este pequeña frasecilla jurídica se encuentra toda una incitación a la privatización y a la dependencia de titulaciones a su rentabilidad económica.

Por si no quedó claro el espíritu del informe, el punto 4.4 (página 17) remata disponiendo que "se podría invitar a las empresas a que financien o cofinancien equipos, escuelas, becas, cátedras o departamentos universitarios, unidades de investigación, cursos de formación para atraer a estudiantes y personas en formación hacia los ámbitos que adolecen de carencias de trabajadores cualificados". Es, de todas-todas, la aplicación de principios puramente mercantilistas (hoy, por la crisis, puestos en tela de juicio) en la educación pública. El caso concreto de Grecia es clarificador (como Estado que ha paralizado la aplicación de Bolonia), pues para adaptarse al EEES deben reformar la Constitución, ya que a día de hoy Grecia no permite la inversión privada en su sistema educativo. 

Es también alarmante la elitización de los estudios superiores que conllevará el EEES. Por un  lado, a través del RD 1125/2003, se establece un nuevo sistema de créditos, el ECTS (European Credit Transfer System) o crédito europeo. Este documento dispone en el Punto 1 del Artículo 4 que "el número total de créditos establecido en los planes de estudio para cada curso académico será de 60". Hoy día cada curso académico tiene de media unos 63 créditos, pero la diferencia es que los créditos actuales son de 10 horas y los créditos europeos constarán, como mínimo de 25 horas y como máximo de 30 (Punto 5 de ese mismo Artículo). Es decir, cada año de estudio tendrá una carga horaria que, en síntesis, triplicará las actuales. Se ha tratado de justificar esta modificación de los créditos, porque los europeos no sólo incluyen las horas lectivas, sino además la "asistencia a seminarios, los trabajos en grupo, los proyectos o las prácticas en empresas" (Punto 3, mismo artículo); pero también se recoge que este sistema de créditos "se entenderá referido a un estudiante dedicado a cursar a tiempo completo estudios universitarios durante un mínimo de 36 y un máximo de 40 semanas" (Punto 4). Haciendo cálculos el crédito europeo supondrá una jornada de estudio de 40 horas semanales, que "curiosamente" coincide con la jornada laboral. Ello hará imposible compaginar los estudios con el ocio, con la vida familiar, ni con el trabajo, eliminando con ello las posibilidades de muchos estudiantes con pocos recursos de llegar a la universidad.

Si a todo lo dicho anteriormente le añadimos el incremento progresivo de los costes de los estudios que hemos venido sufriendo con las tasas en los últimos años y los prohibitivos precios de los postgrados y másteres, la universidad se convertirá en un recinto cerrado en el que estarán sólo quienes puedan permitírselo. Ejemplo de ello es el contenido del Artículo 81 de la LOU que confirma que "los precios de los estudios estarán relacionados con los costos de la prestación del servicio". También es ejemplo de que en Alemania, con el 60% del EEES aplicado en su sistema educativo, el Tribunal Supremo haya eliminado la prohibición de la existencia de las tasas universitarias.