Sergio García
Pena de muerte
A lo largo de la historia el hombre ha aplicado la pena muerte para con sus semejantes, la mayoría de las veces en evocando multitud de motivos y justificaciones, e incluso en nombre de instituciones abstractas o reales, etc...., afortunadamente la sociedad ha ido evolucionando dejando atrás las atrocidades del pasado. A nivel internacional existen Tratados, Protocolos, Resoluciones, etc., que han ratificado la mayoría de los países que condenan este tipo de penas, entre ellos España donde las últimas ejecuciones tuvieron lugar en septiembre de 1975; la pena de muerte quedó completamente abolida con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, pero aun nuestra Constitución Española en su artículo 15 se guarde un as en la manga al dejar aún una puerta abierta: "Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.", lo que no deja de tener una cierta contradicción. Pero si hay un país que merece toda su atención con el tema que nos ocupa, ese es Estados Unidos un lugar de contradicciones en el que su modelo de judicial de Derecho anglosajón comienza a cuestionar dentro de sus fronteras.
Estados Unidos
El 10 de octubre se celebra el día mundial contra la pena de muerte y como ocurrió el mes pasado con la ejecución de Troy Davis en Georgia, Estados Unidos estará de nuevo en el punto de mira.
En 1976 el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en el país como castigo ejemplarizante para los que cometieran delitos de sangre, influenciado en parte por los estados sureños, pero dejó a los estados la capacidad de decidir si la ponían en práctica o no. En la actualidad está abolida para los menores de 18 años y disminuidos psíquicos.
Treinta y cuatro estados mantienen vigente la pena capital, los últimos en abolirla han sido los llinois, Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México, pero aun hay 3.260 reos en los corredores de la muerte a lo largo de todo el país. Los presos condenados a la pena máxima pasan una media de 15 años desde el momento que reciben la sentencia hasta que se da el cumplimiento de la misma.
Todo el sistema es un engorroso proceso de apelaciones y contra apelaciones, que en algunas ocasiones termina llegando hasta la Corte Suprema de Justicia en Washington, como es el caso Troy Davis en el que se cuestionaba su culpabilidad y agotaron completamente el camino judicial, solo quedo el recurso de recibir un perdón in extremis dado por el gobernador del estado, o mucho menos probablemente, del presidente. En Estados Unidos cada estado defiende su potestad de administrar sus sistemas de justicia, que están sólo supeditados a las decisiones del supremo, y es por eso que en Washington digan que la llamada del último minuto sólo puede provenir de la casa del gobernador local, en palabras de Jay Carney, el portavoz del presidente Barack Obama "No es apropiado para un presidente de Estados Unidos intervenir en casos específicos como este". La Corte de Perdones del Estado de Georgia, decidió no conmutarle la pena por cadena perpetua sin dar más explicaciones. Los abogados de Davis se presentaron ante el Tribunal Supremo de EE.UU. una apelación de último momento el miércoles por la tarde, tras el rechazo del Tribunal Supremo del estado de Georgia. Pero el Supremo de EE.UU. también rechazó el recurso en una sentencia de una línea que decía apenas: "La apelación para suspender la ejecución de Troy Davis es denegada", posteriormente acabarían con su vida...
Inyección Letal
Consiste en inyectar por vía intravenosa y de manera continua una combinación de tres sustancias primero: tiopental sódico que induce a la inconsciencia, segundo: bromuro de pancuronio, que produce una parálisis; en último lugar se le inyecta cloruro de potasio, que paraliza el corazón, y es la que acaba con la vida del preso. El tiopentato de sodio se está sustituyendo por pentobarbital, después de que en el año 2009, en Florida, Romell Broom recibiera 18 pinchazos sin que se produjera su muerte, aplazándose la ejecución una semana más, en la que solo se le aplicó una sola sustancia el tiopentato de sodio, usado habitualmente eutanasia animal. En el año 2008 el sistema de tres inyecciones se tachó de anticonstitucional, sin embargo, el Tribunal Supremo lo consideró como constitucional y avaló su vigencia.
Culpable
En el caso de Romell Broom de Florida, es cierto y evidente que su acto de violar y asesinar a una niña de 14 años, no despierta compasión alguna, e indudablemente debe hacer frente a su responsabilidad por un crimen tan horroroso y repugnante. La cuestión sin embargo no es esa, la cuestión es si un estado y su sistema judicial pueden tener legítimamente la potestad de imponer la pena de muerte a una persona. Como ocurre con la tortura, la eliminación de este tipo de penas no busca ser condescendiente con los criminales, sino evitar que el estado se degrade cometiendo un crimen, y la tortura o la pena de muerte lo son: son crímenes.
¿Inocentes?
La cuestión principal es la duda, y una posible inocencia, no debemos olvidar que los juzgadores son humanos y se cometen errores; un estudio de 1987 publicado por la Stanford Law Review descubrió que al menos 350 personas habían sido erróneamente declaradas culpables de crímenes potencialmente capitales entre 1900 y 1985. De esas personas inocentes, 130 fueron condenadas a muerte, y 23 fueron ejecutadas. Desde 1973, 75 personas condenadas a muerte han sido puestas en libertad tras haberse probado su inocencia. Han estado una media de siete años en el corredor de la muerte. El Tribunal Supremo detuvo en 1972 las ejecuciones aduciendo entre otras razones el riesgo de ejecutar a inocentes, pero en el caso de Herrera contra Collins (1993) ese mismo tribunal falló que la inocencia no hace al caso si no ha quedado determinada en el primer juicio.
Los errores humanos, y por tanto judiciales, y nada mejor para ello que citar los esgrimidos por el Dr. Shigemitsu Dando quien cita en favor de la abolición la posibilidad del error judicial: "Si consideramos que cuando el mecanismo de la pena de muerte se aplica es inevitable que alguna vez se ejecute a gente inocente como consecuencia de un error judicial, la pena de muerte se convierte en el mayor ejemplo de crueldad y de falta de humanidad".
¿Sistema judicial en decadencia?
Mientras que los ricos pagan su salida del sistema, los pobres dependen de abogados de oficio con poca experiencia en casos de delitos capitales. Al menos en tres casos vistos en Texas, los abogados se durmieron durante juicios por delito capital, pero los tribunales decidieron que esto no violaba el derecho constitucional a la asistencia legal, porque «la constitución no dice que el abogado tenga que estar despierto», una decisión que fue refrendada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Hace treinta y cinco años, 27 procuradores generales apoyaron ante el Tribunal Supremo una instancia a favor de que los pobres tuvieran derecho a un abogado. El año pasado, la Asociación Nacional de Procuradores Generales culminó con éxito una campaña para eliminar tal provisión de fondos. ¿Es más importante seguir con las ejecuciones, que garantizar que se haga justicia?
