Según asegura el sindicato la crisis económica está aumentando la pasividad y tentación de algunas administraciones públicas por ahorrar costes en materia de prevención." La falta de responsabilidad de nuestros cargos públicos, ante esta situación, nos obliga a exigir una vez más que se aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a que se les haga llegar con carácter de urgencia a los directores y directoras, copia de las evaluaciones de riesgo que se hayan realizado en los centros públicos de Canarias durante los tres últimos años, por parte del servicio de prevención de la empresa Novotec, que entregó en su momento a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Denunciamos públicamente que la Consejería de Educación esta ocultando tales evaluaciones de riesgo".
CC.OO. advierte que "si algún usuario llega a sufrir un grave accidente en los centros por esta causa y se exigieran responsabilidades a los directores y directoras de los centros, éstos se verían inmersos en procesos judiciales que les podrían llevar a ser condenados por su responsabilidad a menos que los directores/as denuncien a las administraciones responsables".
ADECUACIÓN DE LOS CENTROS
También resalta la Federación que a raíz de los cambios legislativos y de la adecuación de los centros educativos en referencia a la incorporación de las nuevas tecnologías, motivada por el ´Proyecto Medusa' en Canarias y a nivel del Estado, en Convenio Suscrito por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, por el 'Proyecto Escuela 2.0', están originando que las instalaciones eléctricas se tengan que adecuar a la potencia real necesaria para su correcto funcionamiento.
La falta de dicha adecuación, podría suponer un "riesgo muy alto de incendio" por la sobrecarga que puede sufrir la instalación, más aún cuando hablamos de centros de pública concurrencia donde existe una elevada concentración de usuarios, además de imposibilitar, prestar unos servicios complementarios a la comunidad educativa, como la gestión de comedores, instalación de motores eléctricos.
Así mismo el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece una serie de requisitos cuando se produce una modificación sustancial de las instalaciones y es por ello que añaden "denunciamos que un número importante de centros públicos educativos de la Comunidad Autónoma Canaria carecen de boletines oficiales y los correspondientes números de expedientes de legalización de las instalaciones originales, incumpliendo los requisitos establecidos por la propia Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias en aplicación del Decreto 161/ 2006, de 8 de noviembre, por el que regulan la autorización, conexión y mantenimiento de las instalaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias".
Afirman tener constancia de que se "han producido comunicaciones por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, a los centros educativos advirtiendo, con plazos establecidos, del inminente corte del suministro eléctrico por los graves incumplimientos de la Reglamentación en Baja Tensión". En la Guía de Baja Tensión 05 del REBT establece la periodicidad de la realización de las verificaciones e inspecciones de las instalaciones eléctricas, como mínimo cada cinco años.
Desde la Federación de Enseñanza, además quieren "recalcar que la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que se deberán valorar todos los riesgos existentes en los puestos de trabajo, por tanto dentro de las evaluaciones de riesgos realizadas por el Servicio de Prevención contratada por la Consejería de Educación, deberá recoger cual es la situación real de los centros valorados y las medidas preventivas que se deben adoptar".
La Federación de Enseñanza de CCOO ha solicitado con fecha 25 de noviembre de 2009, la copia de las evaluaciones de riesgos elaboradas por la empresa Novotec, "sin haberse aportado la documentación solicitada en el Comité de Seguridad y Salud de Gran Canaria, ni tener justificación por escrito de la denegación de la entrega".
A su vez denuncian "el incumplimiento de la Ley 8 / de 11 de diciembre de 2006, de concesión de crédito extraordinario, por importe de 38.799.999,48 euros. Debemos recordar que las competencias en virtud de la propiedad patrimonial de los centros educativos corresponde a los ayuntamientos la conservación, mantenimiento, y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil y primaria o de educación especial (disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica de Educación 2/2006,de 3 de Mayo ),y a la Comunidad Autónoma los centros de secundaria. Con esta LEY 8 / de 11 de Diciembre se pretendía acometer una serie de acciones urgentes relativas a la adaptación de normativa eléctrica, garantizando la seguridad y eficiencia energética ante la incorporación de nuevas necesidades y tecnologías. El Parlamento de Canarias mediante esta Ley, pretendía establecer unas dotaciones para la cofinanciación, en el caso de los centros de primaria, y de financiación, en los de secundaria, de un primer conjunto de acciones encaminadas a obras de reforma y mejora de centros antiguos y adaptación de sus infraestructuras tomando en cuenta el estado de las mismas".
Confirman desde Comisiones que toda esta información "está contrastada con trabajadores y responsables de distintos centros educativos y en concreto con mayor incidencia en aquellos centros ubicados en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana (Gc), Santa Lucia , Telde, Arrecife, Haría, San Bartolomé (Lz), Teguise, Tias, Tinajo, Yaiza, Arucas, Ingenio, etc."
Y que por todo ello "exigimos que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias asuma su responsabilidad e inste a las demás administraciones competentes en la gestión y mantenimiento de los centros educativos de Canarias, a tomar las medidas pertinentes con carácter de urgencia, estableciendo vías de comunicación entre los Ayuntamientos, la Federación Canaria de Municipios y la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa".
Los representantes de los trabajadores esperan que atiendan esta denuncia con la "máxima diligencia, en el más breve plazo posible, en caso contrario nos veremos en la obligación, por responsabilidad sindical, de actuar ante la Consejería de Industria y Energía y otras Administraciones".
