Del mismo modo, no menos problemas tiene la prisión del Salto del Negro en Gran Canaria; con una masificación reclusa que supera todas las estadísticas normales de un centro que ya no puede aguantar más la masificación reclusa que actualmente alberga. Sin duda, viendo estas graves anomalías, junto con las carencias de otros elementos que permitan un mejor desarrollo en el trabajo de los funcionarios de prisiones y seguridad de los mismos, junto con la calidad de vida de los presos, el panorama se pone feo y delicado. Sin duda, es hora y momento que el Gobierno estatal, junto con el Gobierno Autónomo de Canarias, ponga un mecanismo de acción, con el objetivo de crear alternativas que sirvan para garantizar la labor profesional de los funcionarios de prisiones y una calidad de vida y respeto de todo recluso afectado en las mencionadas masificaciones de las cárceles de Canarias. Desde luego la situación del citado problema se presenta duro, delicado, complejo y peligroso; recordándonos a las prisiones de Tailandia; Cuba, Vietnam etc.; donde los funcionarios de prisiones de Tenerife II y Salto del Negro, trabajan en condiciones tercermundistas y sin medios adecuados.
Presumimos vivir en un Estado de Derecho, un país pluralista y una sociedad evolucionista, pero que deja mucho que desear al no saber encontrar alternativas políticas, sociales y económicas para mejorar la profesionalidad de los funcionarios de prisiones y de paso, su propia seguridad. De la misma manera, todo preso o condenado tiene derecho a una calidad de vida dentro de los recintos penitenciarios, sea del color que fuere o país del mismo. Mientras tanto, los políticos de turno cobran por su trabajo, pero unas cantidades que jamás la cobrarían en sus respectivos trabajos en la vida pública. Dietas, hoteles, coches oficiales, asesores, periodistas, asistencia a los plenos, viajes a diferentes países del mundo y todo un largo etc., etc.; que a la postre lo paga el pueblo llano. Pero la otra realidad de la vida, esa que actualmente están viviendo y sufriendo los funcionarios de prisiones y propios reclusos, tienen que conformarse con las migajas que el Gobierno estatal les ofrece. Una partida presupuestaria caduca y poco estimable para cubrir las necesidades que actualmente requieren las mencionadas prisiones masificadas de Canarias. Una implicación más directa y voluntariosa por parte del ejecutivo Central y Regional ante la grave situación por la que atraviesan eso sufridos y pacientes funcionarios de prisiones. Y un respeto a la dignidad y calidad de vida de los reclusos masificados en las cárceles de Gran Canaria.
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