1. España es un Estado muy rico que reparte muy mal su riqueza a través de los salarios: el sueldo medio anual representa el 66% de su equivalente europeo, pero poseemos el 103% de la renta por habitante de la Unión Europea (UE). Aunque tenemos el 89.5% de la riqueza por persona de Alemania, el 86.5% de la del Reino Unido, o el 81.3% de la de Dinamarca, nuestro salario medio anual no llega al 50% del que se cobra en esos estados.
2. En 2008, según el Observatorio Social de España, la productividad del trabajo por persona empleada en la UE, ajustada según poder de compra, suponía en España el 103.6% de la media europea, en Alemania el 107%, en Reino Unido el 110% y en Dinamarca el 101.5%. Es obvio que las diferencias de productividad no justifican las diferencias salariales existentes.
3. En España el sector público ocupa a 9 de cada 100 adultos, frente a 16 de cada 100 en la Unión Europea de los Quince (UE-15). En realidad, tenemos poco empleo público. Esto conlleva atrasos graves en nuestro bienestar que se reflejan, por ejemplo, en hechos tales como que España sea el penúltimo país de la UE en cuanto a porcentaje de adultos trabajando en el sector educativo. Sólo Rumanía, con un PIB por habitante tres veces inferior al nuestro, tiene menos proporción de adultos trabajando en el sistema educativo. Asimismo, España es el Estado de la UE-15 con menor gasto por habitante en salarios de empleados públicos. En suma, el empleo público no es el problema de nuestro mercado laboral.
4. Las comunidades autónomas con los salarios más altos son las que sufren menos desempleo. El País Vasco tiene 10.9% de tasa de desempleo, Navarra 12.3% y Madrid 16.2%. Por el contrario, las autonomías con los salarios más bajos lideran las tasas de desempleo. Extremadura cuenta con un 23.5% de desempleados, Canarias un 27.7% y la Comunidad Valenciana un 23%. Las leyes laborales son las mismas, pero los salarios más altos tienden a absorber el desempleo local, estimulan la demanda y, asimismo, propician la creación adicional de empleo. No es cierto que haya que reducir salarios para reducir el desempleo.
5. Una Resolución del Parlamento Europeo sobre flexiguridad, del 29 de noviembre de 2007, señalaba que la OCDE "ha declarado recientemente que la legislación en materia de protección laboral no repercute significativamente en la tasa total de empleo" y añadía que la Organización Internacional del Trabajo "ha demostrado que existe una relación positiva entre seguridad del empleo y productividad". Es decir, desproteger a los trabajadores no sólo hace más injusta nuestra economía sino que, además, no incrementa ni la tasa de empleo, ni la productividad.
6. Debilitar la negociación colectiva hace que los trabajadores ganen menos, pero no hace aumentar el empleo. El informe de Perspectivas del Empleo de la OCDE, para 1997, dice que "la tasa de ocupación ha disminuido más en los países que han tendido a reducir la centralización o la coordinación en los últimos diez años que en los que no han adoptado esa medida". En 2004, el informe de Perspectivas del Empleo indicaba que "sistemas muy diferentes (de negociación colectiva) pueden ser capaces de generar unos resultados (macroeconómicos) muy diferentes".
En síntesis, los bajos salarios españoles no se explican por insuficientes niveles de riqueza, productividad y exceso de empleo público. Se explican más por la gran influencia política de los sectores adinerados y el escaso poder de los sindicatos y la izquierda con programa de izquierdas. Sin embargo, la reforma laboral que se perpetrará en fechas próximas se asienta en un clima cultural que opone falsamente capacidad de crear empleo a negociación colectiva, vincula falazmente buenas condiciones laborales con mayor desempleo, exagera los problemas de productividad para justificar peores salarios y presenta lo público como lastre económico, mientras desconoce su enorme potencial para mejorar la calidad de vida.
En tal contexto ideológico, la reforma laboral recortará derechos laborales y reducirá la parte de la riqueza correspondiente a los trabajadores. Se llevará a cabo a causa de la debilidad política de estos últimos y debido a la fortaleza política de los sectores adinerados. Salvo que la ciudadanía ejerza su poder político y ponga la política a su servicio.
Ramón Trujillo es coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.
