Desde hace demasiado tiempo venimos escuchando y leyendo opiniones despectivas respecto a los funcionarios. Un coro de servidores del poder, con los políticos de nuestra comunidad a la cabeza, ataca, día sí y otro también a los trabajadores de las administraciones públicas canarias. Sea cuál sea el sector del que se trate en cada momento, siempre se termina cargando las tintas contra los de abajo. Lo último ha sido la sesgada información sobre los sueldos medios de los trabajadores canarios en comparación con los de otras comunidades. Se afirma que son superiores pero no se nombra para nada el alto costo de la vida en Canarias. No se mencionan ni el elevado precio de la vivienda, el transporte y la cesta de la compra. Ni tampoco se dice que lo que cobra un asesor de los miles que como plaga han caído sobre la administración. La información facilitada da la impresión de que los funcionarios canarios viven en la gloria. Estamos hartos de que se aireen los pretendidos privilegios de los profesionales de la educación, el menosprecio a los trabajadores de sanidad, los administrativos, etc. Y no les importa, a estos corifeos ni el sector que atacan (justicia, sanidad, educación, etc.) ni las distintas categorías de trabajadores públicos. No distinguen entre personal laboral, contratados, temporales, funcionarios de oposición, auxiliares, administrativos o técnicos... Lo que interesa es pintar un panorama de la función pública canaria llena de vagos, corruptos, enchufados y privilegiados. Si un político quiere ganar votos lo primero que hace es cargar demagógicamente contra los niveles más bajos de la administración. Y siempre encontrará un tertuliano o columnista que lo jalee.
Desde luego, no todos los trabajadores públicos serán limpios como el oro. Entre ellos habrá gandules, chafalmejas y enchufados. Como en todas las profesiones y en todos lados. Pero estoy seguro que no son la mayoría. Antes bien, creo por mi experiencia personal, que la inmensa mayoría de los profesionales públicos canarios son decentes e intentan cumplir con su trabajo en la medida que los políticos los dejan. Y si alguno se sale del tiesto, mecanismo tiene la administración para corregir los errores. Y si estos no son perfectos habrá que mejorarlos. Pero tengamos cuidado y no tiremos al niño con el agua sucia del barreño.
Pues todos estos ataques contra la función pública sólo tienen un objetivo. Privatizar todo lo privatizable y más. Desde la educación a la sanidad, pasando por la administración de la justicia (¿cuántos psicólogos forenses son funcionarios y cuántos trabajan para fundaciones y empresas privadas, en estos momentos?). La intención es provocar un estado en la opinión de los canarios que haga justificable cualquier privatización. Adelgazar el estado es el objetivo de los neo liberales y con ellos van PSOE, PP y Coalición Canaria. Pues a menos estado, menos funcionarios, menos intervención pública, más negocio privado y más puestos para enchufar amigos y asesores correligionarios.
Y entonces hay que recordar que la creación de los cuerpos de funcionarios, en general, obedece a la necesidad de separar el funcionamiento normal de la administración de los vaivenes políticos. Recordemos como en el siglo XIX, cada vez que se producía la alternancia entre liberales y conservadores se cesaba a los trabajadores de un partido para enchufar a los del otro. Leer clásicos como "Miau" de Galdós no le vendría mal a tanto corifeo. La función pública es una garantía para la gente de que sus derechos, desde una pensión a una plaza sanitaria, pueden ser ejercidos y reclamados sin tener que ir a tocar a la puerta de un cacique o politicastro. La existencia de un cuerpo de funcionarios significa la autonomía de la administración frente al poder político. Significa la posibilidad de que la ley y sus baremos se apliquen por igual a todos los que acuden a la administración. Si los servicios públicos se privatizan o quedan en manos de los asesores y enchufados de los partidos, un ciudadano que no comulgue con las ideas del partido gobernante o no tenga dinero para el soborno no podría acceder a un servicio público.
Es cierto que los procesos de selección deben y pueden ser mejorables, es cierto que es preciso un mejor control por el público de la administración. Y es cierto que también hay funcionarios que no hacen su trabajo. Pero prescindir de la idea del funcionario, del trabajador público, significa dejar todo en manos de las empresas privadas. Y todo es todo. La defensa del medio ambiente, los planes de gestión del territorio, la ordenación de las viviendas, lo urbanizable, la educación, la sanidad, etc. Y eso significaría que sólo los que tengan dinero o contactos (y ambas cosas suelen ir unidas) podrían vivir en Canarias. El resto tendríamos que agachar la cabeza o largarnos de un país dejado en manos de la arbitrariedad mafiosa.
A todos los que cargan contra la figura del funcionario, empezando por el señor Ruano y su ataque a los derechos de los trabajadores públicos en el BOCA del 3 de noviembre, hay que recordarles que tener un trabajo, sea público o privado, no debería ser un privilegio, sino un derecho de todos los canarios. Y a los supuestos economistas que hablan de la carga de los salarios públicos habría que señalarles que si el consumo no ha caído más en Canarias, es porque las nóminas públicas, aunque escasas, son una garantía para los bancos a la hora de conceder créditos. Y a todos nuestros trabajadores hay que decirles bien claro, que se comienza por el sector público y se termina con el privado. Con la explotación, la extracción de plusvalías y la arbitrariedad. La única diferencia entre un trabajador público y uno privado es que al primero, para echarlo hay que abrirle un expediente. Con la actual reforma laboral eso no es necesario en la empresa privada. La huelga del 29 de septiembre demostró que los canarios rechazamos esa reforma. Rechacemos, apoyando a los trabajadores públicos, las medidas del gobierno pues son un ataque directo a todos los trabajadores, a la garantía de que podremos ejercer nuestros derechos como usuarios en la sanidad, la educación, servicios sociales, etc. Ya hemos visto ejemplos claros de privatizaciones de servicios públicos en catering de colegios, guarderías municipales y servicios de limpieza. ¿Acaso hace falta recordar casos como el CLUSA? ¿Guaguas Melenara? Todos hemos visto como la privatización de lo público sólo sirve para que unos pocos se llenen los bolsillos, la calidad de los servicios empeore y los trabajadores terminen por no cobrar.
Unos servicios públicos dignos, de calidad, con garantías universales para todos debe ser un objetivo irrenunciable para todos. Sólo se avanzará en la democracia y en la igualdad. Sólo así se podrá conseguir que todos los canarios tengan un acceso decente a la sanidad, la educación y a los servicios sociales. Debemos rechazar esos ataques a lo público, sin cerrar los ojos a los posibles errores, pero reivindicando lo público frente a lo privado como garantía de derechos universales.
