CANARIAS SOCIAL
Tras la exposición de todos estos motivos, solicitan la adopción de medidas cautelares dados los efectos irreversibles que esta obra ilegal podrían causar al medio ambiente.
Estas organizaciones denuncian a Pedro Rodríguez Zaragoza, actual presidente de la Autoridad Portuaria, y a Luis Suárez Trenor, ex-presidente de la misma institución, por un presunto delito contra el medio ambiente y por prevaricación.
"Ambos cargos públicos conocieron múltiples informes técnicos que desaconsejaban el proyecto, tanto por los valores ambientales de la zona, como por los requerimientos de la legislación protectora de aquéllos. Sin embargo, optaron por ignorarlos y ocultarlos en trámites esenciales, que de haberse conocido no habrían conseguido comprometer fondos europeos y estatales para un proyecto tan desaconsejable", dicen.
Entre otros documentos, se relata un documento interno de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, del año 2000, en la que se relacionan hasta 71 especies protegidas y ecosistemas que albergan especies protegidas, y que concluye que el proyecto es altamente impactante, con unos efectos muy negativos sobre la biodiversidad de la zona y de la isla en general. La vulneración de estas especies supone una flagrante vulneración del Convenio de Berna, y de Directivas comunitarias.
Por otra parte, "actuaciones directas ya acometidas han supuesto un daño irrecuperable a algunas especies amenazadas, como ocurre con la destrucción del hábitat de la Pimelia canariensis, una especie en peligro de extinción, cuyo emplazamiento natural coincide con la explanada en la que la Autoridad Portuaria ha autorizado operaciones de vertidos, extracciones y aterramientos derivados de la construcción del puerto", aseguran.
En otro orden de cosas, se cita también el claro incumplimiento del Dictamen emitido por la Comisión Europea de Medio Ambiente, que estableció como condición para la ejecución de la obra, la construcción de un sistema de trasvase de la arena (by-pass) norte-sur, considerada como "parte esencial del proyecto", y que aún no ha sido ni tan siquiera licitado, por lo que de construirse el dique en talud del puerto (futura obra a ejecutar), se consolidarían las consecuencias ambientales que se propone sean evitadas con esta estructura artificial impuesta por Bruselas.
A este cúmulo de incumplimientos de la legislación ambiental hay que añadir que "la obra ya iniciada no cuenta con la aprobación preceptiva por parte del Ministerio de Fomento, y que como queda demostrado en el informe pericial presentado por ATAN al TSJC, debido a la fuerza de los vientos en esa franja de la isla, el puerto será inoperativo durante la mayor parte del año. Es más, se están comprometiendo fondos públicos y al medio ambiente, en una infraestructura no sólo inútil, sino cuya culminación además no cuenta, de ninguna manera, con garantía presupuestaria para acometer la fase más onerosa (el muelle de ribera) que aún no tiene ningún tipo de dotación económica. Y todo ello, previsiblemente para favorecer intereses privados, tal y como los titulares de la Autoridad Portuaria denunciados, han garantizado mediante la autorización del nuevo Plan de Utilización de Espacios Portuarios".
