Donde no hay Jurisdicción eficiente, se impone, implacable y desnuda, la ley del más fuerte. Mantenemos la convicción de que los sectores sociales que más requieren de la tutela judicial para el respeto o la realización de sus derechos, son precisamente los que ocupan un lugar de debilidad en el seno de la sociedad. Y de que es la Jurisdicción de lo Social, donde de forma más inmediata se expresa, en el mundo jurídico, la contradicción central del sistema económico y la confrontación de dos códigos de valores: el trabajo como un derecho primario que ostentan las personas por el hecho de serlo, o el trabajo como mercancía, como el factor de producción decisivo para la obtención del beneficio. Ese antagonismo, siempre presente, aflora con particular virulencia en tiempos de crisis profunda.
La situación en que se encuentran hoy los órganos de la Jurisdicción vinculada a la resolución de los conflictos laborales (Juzgados de lo Social y Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias), exige la adopción de urgentes medidas que corrijan su estado actual. De lo contrario, el daño social y el perjuicio para la Justicia y para la credibilidad de la Administración de Justicia, será difícilmente reparable.
No es tarea fácil la interpretación de la norma en su tiempo histórico-social, con un enfoque totalizador, lógico-deductivo, ponderando el precepto y el supuesto enjuiciado, dentro del conjunto de valores jurídicos en que se inserta.
Y con la apabullante carga de trabajo que hoy pesa sobre los nueve Juzgados de lo Social y la única Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es objetivo de casi imposible logro el encarar la aplicación del derecho como herramienta para la más justa solución posible de los conflictos. Así no es posible una jurisdicción serena, inmediata, eficiente y sensible al sentir social, que actúe en los márgenes que permite la función interpretativa del derecho, ya sea en la labor integradora de lo no reglamentado o de lo expresado con conceptos jurídicos indeterminados.
Los datos del propio Consejo General del Poder Judicial sobre la carga de trabajo de los órganos de la Jurisdicción de lo Social de Las Palmas hablan por sí solos, constituyendo una clara denuncia de la brusca superación de los módulos fijados por el órgano de gobierno de este poder del Estado:
Asuntos por Juzgado
2004
1.116
2005
1.176
2006
1.025
2007
974
2008
1.300
2009
1.200
2010
1.250
2011
1.300 (previsión)
Asuntos pendientes de resolver por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
2008
2.789
2009
3.120
2010
3.243
2011 (primer trimestre)
3.320
Empezar a poner remedio a esta situación exige la creación de al menos cuatro nuevos Juzgados de lo Social en Las Palmas de Gran Canaria y la creación de la Segunda sección de la Sala de lo Social del TSJC en esta Provincia.
La precarización de la Jurisdicción de lo Social constituye parte esencial del desmantelamiento y liquidación de la rama social del derecho, frente a la que nos indignamos y rebelamos. Lloviendo sobre mojado, no sólo no se mejora sino que se cambia a peor: se suprimen los jueces de refuerzo en los Juzgados, se suprimen las comisiones de servicio de Magistrados en el TSJC y el nuevo Juzgado nº 10 en su día creado, sigue deambulando en el sueño de los justos, al igual que la implantación de la nueva Oficina Judicial.
La desigualdad objetiva, material, entre las partes en el contrato de trabajo desató el conflicto del que nació toda una época de intervención legal paliativa. Apreciado en su conjunto, durante cien años, los progresos en la legislación social han ido un paso por delante de las tendencias involucionistas. Con fórceps se ha ido edificando un cuerpo jurídico-social mitigador de la desigualdad consustancial al trabajo por cuenta ajena, dependiente y asalariado. Vienen al mundo de esa manera autenticas conquistas de la civilización: los derechos indisponibles, la propia naturaleza tuitiva del ordenamiento laboral, sus codificaciones, la negociación colectiva, el derecho a la huelga, el principio in dubio pro operario, la tutela judicial, la jurisdicción especifica, el trabajo como derecho robustecido constitucionalmente...
Todo ello sufre hoy un cambio radical: En tanto se han ensanchado los espacios no reglamentados y en consecuencia se anula el control jurisdiccional, agudizándolo con la precarización de sus órganos, el conflicto jurídico se manifiesta con mayor desequilibrio y, de suyo, con más antagonismo.
Insistimos: Esta situación nos indigna y nos anima a rebelarnos. Suscribimos por ello esta declaración-manifiesto, con la intención de que pueda constituir la antesala de la movilización de los afectados en orden al logro de lo reivindicado.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de Mayo 2011
ABOGADOS LABORALISTAS:
Joaquín Sagaseta, Amelia Serrano, Isabel Lecuona, Julia Castro del Castillo, Mirla Aldeguer Martín, Domingo Tarajano, Ignacio Cestau Benito, Lourdes Ortega Quintana, Pedro Rodríguez Cruz, Miguel Ángel Redondo, Carmen Castellano Caraballo, Manuel Dévora Ceballos, Margarita Etala Socas, Ignacio Blanch Bittini, José Ramón Pérez Meléndez, Joana García Báez, Manuel Martel Revuelta, Isaías González, Tita Ortega Quintana, Simón Concepción, Isabel Hidalgo Macario, David Santana, Rubén Alemán, Ana Sagaseta, Alejandro Pérez Peñate, José Juan Mendoza, Elsa Toledo Medina, Ricardo Navarro, Sergio Hernández Ibrahim, Davinia Pohomal González, Federico León Viéitez, Marina Domínguez, Diego León, María Dolores García Falcón, Héctor Valdivia, Mª del Carmen Troya, Javier Armas, Ramón Cabana Hernández, Carlos Santana Ahumada, Juan Carlos García Murciano, Mario García Suárez, Susana Miras Miguel, Mohamed El Ha Sovi, Arcadio Morales, Francisco José García Sánchez, Francisco Álamo Arce, Pedro Rodríguez Suárez.
