Carmen Marrero, Secretaria de Salud Laboral del sindicato en Canarias, advirtió que con este posicionamiento público "queremos salir al paso de los augurios catastrofistas hechos por la patronal de hostelería, que avisa de grandes pérdidas de trabajo en el sector. No sólo creemos que esto no es cierto, dado que en otros países europeos y en Estados Unidos se aplica y no ha repercutido negativamente, sino que lo que defendemos es el derecho de los trabajadores y trabajadoras a tener las mismas condiciones de salubridad de quiénes no trabajan en el sector".
Marrero, afirmó que para los empleados de espacios públicos,"tanto en aquellos establecimientos que permiten fumar, como en aquellos que han acotado espacios para fumadores, no sólo siguen estando expuestos a una sustancia tóxica y cancerígena, sino que dicha exposición se ha incrementado desde la entrada en vigor de la ley antitabaco. En algunos estudios aseguran que entre un 25 y un 30 por ciento. Además, el humo de tabaco ambiental no suele estar recogido en las evaluaciones de riesgo del sector como un factor de daño grave e incluso intolerable por su condición de agente químico contaminante y cancerígeno".
Así mismo, la Secretaria de Salud Laboral, de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo del mismo sindicato, Paloma Barros, argumentó que la decisión tomada por CCOO, no es otra que luchar contra la discriminación a la que se ven sometidos estos trabajadores y trabajadoras.
Barros apuntó que los informes científicos indican que el humo de tabaco en el ambiente se ha demostrado dañino para la salud, y que por tanto "tiene que ser evaluado como un contaminante y tenerse en cuenta la afectación que pueda estar teniendo en la salud de los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería, incorporando para ello en la vigilancia de la salud indicadores que evalúen los daños que este contaminante produce en el organismo".
Ambas secciones sindicales insisten en la necesidad de que los efectos del tabaco sean recogidos como enfermedad laboral y no catalogados como enfermedad común. Marrero matizó que lo que es evidente es que desde que se estableció la ley antitabaco en los centros donde se aplica, el número de efectos secundarios como tos, asma, problemas respiratorios o de insomnio han mejorado considerablemente, "en un 95,1 por ciento, y que todos los trabajadores tienen derecho a beneficiarse de estas medidas independientemente del trabajo que desempeñen", anunció.
La Secretaría de Salud Laboral de CCOO Canarias, concluyó considerando que "la dependencia del tabaco, como cualquier otra dependencia, es una enfermedad y por ello debe tratarse como una cuestión de salud pública. Es imprescindible, por tanto, fortalecer la actuación preventiva en esta materia, así como garantizar la ampliación de las prestaciones sanitarias en términos de igualdad de acceso a las mismas, aspectos ambos que también deberán quedar recogidos en la modificación legislativa".
