Los sindicatos afirman que el Servicio Canario de Empleo (SCE) tiene recogido en su propio reglamento y en el de las comisiones de seguimiento que derivan del mismo servicio, "las herramientas, muy buenas herramientas para combatir el fraude en la contratación, que, bien aplicadas, harían que algunas empresas desistieran de realizar este tipo de irregularidades, o por lo menos, no lo hicieran tan libremente".
"Hemos pedido, en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral en Canarias que se aplique el reglamento que la regula, especialmente en el apartado de que se faciliten las copias básicas de los contratos de aquellas empresas de las que hemos recibido repetidas denuncias sobre contratación irregular", aseguran.
La respuesta que han recibido estos dos sindicatos por parte del SCE, desde septiembre de 2009, "ha sido negativa a esta solicitud", añaden en nota de prensa. Insisten además que con anterioridad a esa fecha "si se facilitaba esta documentación a los agentes sociales, por lo que no entendemos este cambio de acitud. En febrero pasado hemos presentado reclamación oficial para que se aplique el reglamento de la Comisión de Contratación. La respuesta por parte de su presidenta es que la documentación de contratación en las empresas que hemos solicitado, no se nos va a facilitar, por orden expresa del Director del SCE, Alberto Génova Galván, quien, por otra parte, ha manifestado públicamente su rechazo a la participación de los sindicatos en los distintos órganos, relacionados con el SCE donde, legalmente, tenemos representación".
Ante esta situación tanto Comisiones Obreras canarias como la Unión General de los Trabajadores, consideran que la actitud del SCE, que incumpliendo su propio reglamento, no facilita la documentación de las empresas que supuestamente están haciendo fraude en la contratación, "sólo beneficia a las empresas que practican este tipo de irregularidades, y perjudican gravemente a los trabajadores y trabajadoras que las padecen. Por este motivo, creemos que el SCE es corresponsable del alto nivel de fraude en la contratación en Canarias y de las empresas que lo practican".
Por otra parte, ambos sindicatos exigen "una mayor transparencia en la gestión del Servicio Público de Empleo, ya que está gestionando dinero público y destinando partidas económicas, algunas de ellas millonarias, a planes de empleo de los que no tenemos evaluación sobre la efectividad de sus resultados y no sabemos si realmente están sirviendo para la inserción laboral de los colectivos de desempleados para los que fueron diseñados", concluyen.
