Aseguran que Canarias sigue siendo la comunidad autónoma de España con mayor tasa de desempleo. Se estima también que es una de las comunidades con mayor índice de economía sumergida, empleo irregular y fraude en la contratación. Por estos motivos, "consideramos que se deben emplear todas la herramientas legales, que Administración y sindicatos tenemos, para combatir esta lacra social".
Ambos sindicatos en comunicado conjunto, afirman que no se entiende la actitud de la Dirección del Servicio Canario de Empleo (SCE), que, "con falsos argumentos, impide el correcto funcionamiento de algunas de las instituciones que dependen del mismo y que, por las competencias que les otorga la ley, podrían servir de gran ayuda para luchar contra la contratación irregular y reducción del desempleo registrado en las Oficinas de Empleo".
CCOO Canarias y UGT Canarias han solicitado por escrito registrado, en el organismo correspondiente, que se les facilite información sobre el número de contratos, modalidades y duración, de determinadas empresas, "de las que existen fundadas sospechas de que están cometiendo irregularidades en la contratación".
Argumentan que tal y como establece la propia ley del SCE, "esta información se debe facilitar a los miembros de la Comisión de seguimiento de la Contratación, donde sindicatos y patronal estamos representados". Confirman que esto venía haciéndose hasta septiembre de 2009, fecha a partir de la cual "se nos niega esta información".
Añaden además que al pedir información en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Contratación, sobre determinadas empresas, "se nos dice, por parte de los responsables del SCE, que, por orden de su Director, no se nos van a facilitar estos datos. Esta actitud contraviene el Reglamento de la comisión de Contratación, la propia Ley del SCE e incluso es contraria a la participación institucional que la propia Constitución Española reconoce a los sindicatos".
"Esta actitud antisindical y, en una palabra, antidemocrática, sólo puede obedecer a otros fines y sólo beneficia a empresarios que, incumpliendo las reglas del juego, compiten deslealmente contra otros, afortunadamente la mayoría, que están dentro de la legalidad", aseveran.
Por tanto, para concluir los sindicatos piden a los responsables del Ejecutivo del Gobierno de Canarias, que promuevan un cambio de rumbo en la política del SCE "para que sirva para los fines de servicio público, gratuito y de calidad que la sociedad canaria requiere".
