El Comité de Empresa del Servicio Canario de Empleo, formado por miembros de SEPCA, CCOO, UGT e Intersindical Canaria, han presentado públicamente su desavenencia con la dirección insular del mismo, ante la merma de la calidad que están ofreciendo a los ciudadanos.
"En una isla como la de Gran Canaria, que es la que más está acusando el desempleo que hay en las islas y que supera el 26 por ciento, no se entiende una situación como ésta", aseguró Nicodemo González, presidente del comité.
"Estamos denunciando la mala gestión que está llevando la dirección del SCE en todo el tema de la intermediación laboral y lo que es la gestión en las oficinas de empleo. Nos encontramos con listas de espera de desempleados y desplazamientos innecesarios a oficinas comarcales, de personas que a veces no tienen ni para pagarse la guagua", continuó González.
González explicó que esta situación se produjo a raíz de la implantación de la BAE, sistema de búsqueda activa de empleo puesto en marcha por la dirección desde finales del 2009 y "que viene a ser una clasificación de los demandantes de empleo para derivarlos posteriormente a acciones que pueden ser de formación, de empleo u orientación".
Desde el comité se asegura que el Servicio Canario de Empleo vendió en su día a "bombo y platillo", este nuevo sistema para clasificar profesionalmente a los demandantes de empleo, asesorarles y poner a su disposición acciones formativas y de empleo eficientes. Sin embargo, insisten en que el sistema deja al descubierto una serie de carencias que no sólo "perjudica a los ciudadanos y ciudadanas, sino que perjudica la imagen de los trabajadores y trabajadoras del servicio público, dando ventaja a la gestión privada", matizó González.
Explicó que lo que se conocían como oficinas de empleo ahora han cambiado sus funciones, "hasta ahora la oficina de empleo desarrollaba unos servicios integrados desde el punto de vista de mediación, orientación, información de prestaciones, modelo que ahora se ha quebrado".
Indicó que este sistema, del que ya se hacían eco desde el 2008 y de hecho motivó movilizaciones en su momento, "ha hecho que los demandantes tengan que ir a las oficinas comarcales, que son oficinas de nuevo cuño que tienen unas funciones técnicas, de orientación, gestión de ofertas, etc. Mientras que las oficinas que tradicionalmente conocíamos se han quedado vacías de contenido".
PRINCIPIO DE PROXIMIDAD
El presidente del comité aseguró además que el hecho de existir tan sólo dos oficinas de este tipo, una en Vecindario y otra en Las Palmas de Gran Canaria, obliga a los usuarios a desplazamientos "que en muchas ocasiones suponen una pérdida de tiempo y dinero, y se rompe además el principio básico de proximidad".
Puso como ejemplo que si un vecino de Mogán que hasta hace poco era atendido en su oficina de Maspalomas, tenía que desplazarse hasta la oficina comarcal más cercana, en este caso Vecindario para gestionar el registro de un curso, "la mayoría de las veces no lo hace, porque tiene que esperar además una cita previa que en muchos casos dura hasta dos meses, lo que repercute directamente en la persona que está mermando su posibilidad de encontrar un empleo".
Esta situación está distorsionando la imagen de los trabajadores y trabajadoras públicos, "que contamos con recursos humanos y preparación técnica suficiente para llevar a cabo estas tareas con criterios de eficacia".
Afirmó González, que cuando una persona se interesa en la búsqueda activa de empleo con una entrevista se llega hasta los 6 meses de espera en algunas oficinas tras pedir cita previa. "Antes esto se hacía sobre la marcha", reiteró.
DUDAS DE CARA A LOS USUARIOS
Por otra parte desde el comité de empresa se ha querido resaltar también que la implantación de la BAE no es conocida por todos los ciudadanos, y ello incide negativamente en la consecución de los objetivos, que son detectar a las personas que puedan acceder a los diferentes puestos de trabajo y si lo desconocen pueden quedar fuera del sondeo para encontrar empleo.
Confirmaron además que las quejas que se reciben de los usuarios están "a la orden del día", constatando un alto índice de crecimiento de las mismas.
Otra de las cosas que más les preocupa a los trabajadores y trabajadoras es que la estrategia de las políticas activas de empleo queden "en manos" de Funcatra, Fundación Canaria para el Empleo, recordando que el papel del SCE es potenciar los mecanismos de inserción laboral y reforzar su imagen pública, y no crear dudas entre la población de si éste servicio es público o privado.
González, explicó que antes de que llegara el director actual, Funcatra "estaba muerta", mientras que ahora está "más viva que nunca". "El SCE puede quedar bastante mermado y liquidado si sigue esta tendencia", concluyó respecto a la externalización y privatización del servicio.
Javier Godoy, miembro también del comité de empresa, fue bastante contundente con esta situación, y además reconoció que se está cometiendo una ilegalidad al traspasar información, ya que manejan bases de datos de los ciudadanos y "se trata de una entidad privada", concluyó, que en muchos casos "los ciudadanos desconocen poruqe cuando se les llama por teléfono se les dice que es del Servicio Canario de Empleo".
El comité insta así a la Dirección del Servicio Canario de Empleo para que "corrija los desequilibrios existentes por el alto grado de improvisación en la puesta en marcha del sistema, convirtiendo al organismo en un instrumento potente en materia de intermediación laboral".
