ACFI PRESS/Gran Canaria
El Cabildo de Gran Canaria ha tramitado el plan de energía eólica y la central hidroeléctrica Soria-Chira, que aprovechará los excedentes de la energía eólica, que no pueden ser revertidos a la red común, para desalar y elevar agua desde un embalse a otro y generar energía hidroeléctrica.
Así la isla aspira a producir el 50% de su consumo energético a partir de fuentes limpias reduciendo su nivel de dependencia de los combustibles fósiles (petróleo y gas) y sobre todo de la reducción de los niveles de contaminación.
NC destaca que esta producción de energía limpia servirá también para alimentar la tracción del futuro tren de Gran Canaria, tal como tiene previsto el Cabildo, con lo que se pone de manifiesto la apuesta decidida de la institución insular por hacer el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos extraídos a partir de fuentes renovables y no contaminantes. Y que además generará riqueza que repercutirá en el interés de los ciudadanos.
Cara y cruz
Para NC, que gobierna en el Cabildo grancanario con el PSC, el Gobierno autonómico es el reverso de la institución insular y de su gestión respecto a un asunto tan trascendental como la planificación energética.
Y es que el Ejecutivo autonómico apenas ha logrado avances en esta materia. De hecho la producción de energía a partir de fuentes limpias en el Archipiélago continúa en un vergonzoso 4% después de tres años de promesas, frases para la galería y un concurso eólico que volverá a ser anulado.
NC critica el injustificable retraso del Gobierno de Canarias, que tiene asumidas las competencias en la planificación de las infraestructuras y es responsable de la elaboración de los planes territoriales de energía en El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, así como del plan de producción de hidrocarburos de Gran Canaria, los cuales ni siquiera ha sido capaz de empezar a tramitar.
En este sentido NC advierte que en vez de "ponerse manos a la obra para recuperar el tiempo perdido", el Ejecutivo autonómico pretende sustituir su obligación por "imposición y centralismo". El Gobierno canario pretende, a través de decreto, declarar de interés general determinadas infraestructuras que se realicen sin necesidad de instrumento de planificación territorial o urbanística. Silencia así la participación ciudadana y la información pública en la elaboración de los planes territoriales.
