EUROPA PRESS/La Palma
La Unión de Guardias Civiles (UGC) ha interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de La Palma por el uso irregular de medios audiovisuales para someter a vigilancia a miembros de la Benemérita, tal y como ha informado dicha Asociación en un comunicado de prensa.
La UGC ha asegurado que el Grupo Operativo de Investigación ha usado videocámaras fijas y móviles de un acuertalamiento de la provincia tinerfeña para vigilar a algún guardia, como es el caso del secretario de Asuntos Jurídicos de la Unión de Guardias Civiles en Canarias, al que se le ha abierto un expediente disciplinario basado en grabaciones de las videocámaras, así como de un seguimiento por guardias civiles de paisano.
La Asociación ha explicado que tras solicitar el afectado el pertinente Derecho de Acceso a las grabaciones utilizadas en su contra y serle el mismo autorizado, se encontró con que las mismas habían sido destruidas, circunstancia que no ha mermado el que las mismas se hayan incorporado al expediente aperturado.
En este sentido, la UGC ha indicado que según lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, "Las grabaciones deberán ser destruidas (...) en el plazo máximo de un mes a contar desde el mismo día de su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto".
Por otro lado, la Unión de Guardias Civiles ha denunciado la situación "insostenible" que se viene produciendo en la prisión de Santa Cruz de La Palma, donde "no sólo se eluden las prevenciones legales en materias de seguridad en el trabajo, sino que se permiten situaciones anómalas tales como el contacto diario de los presos con los ciudadanos al consentir que éstos salgan a la vía pública a lavar coches, regar plantas o sacar la basura, a escasos metros de una plaza frecuentada por menores".
Dicha situación, según la UGC, "ha caído en saco roto tras ser puesta en conocimiento de la superioridad por un guardia civil", algo que también ha ocurrido ante la presentación de instancias o quejas por el conducto reglamentario ante la autoridad competente en este Instituto armado.
